18 de septiembre de 2023. Dos centros educativos de la Comunidad de Madrid reciben sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (…) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones, a las que accedió EL PAÍS. Acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024, y a que la Fiscalía investigue al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por fraccionar más de tres millones en contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec) para obras en al menos ocho centros educativos en 2021, 2022 y 2023. “Una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva”, advierte el Ministerio Fiscal, pues los burofaxes llevan a descubrir que no se convocaron los concursos públicos preceptivos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia. Así ocurre todo.
