Gabriel Navarro, el empresario que está en el corazón del caso FP, en el que se investiga el presunto fraccionamiento ilegal en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar a dedo la reforma de una docena de centros educativos, contactó en 2024 con asesores de la presidenta regional para reclamar el pago de sus trabajos. Así consta en su declaración ante la Fiscalía, a la que accedió EL PAÍS, en la que aseguró que se citó con dos miembros del gabinete de la baronesa, uno de los cuales se presentó, según su relato, “como la mano derecha de Ayuso”. Un portavoz del ejecutivo regional, que llevó el caso a la Fiscalía, confirma el contacto y sostiene que a Navarro simplemente se le escuchó su queja por los impagos y “se le remitió al organismo competente”. El empresario afirmó que desde ese momento dejaron de cogerle el teléfono.
