A finales de 2024, la Cámara de Cuentas de Madrid emitió un informe demoledor sobre la gestión del municipio más rico de España. Tras hacer 39 observaciones sobre el ejercicio 2020, se acusaba al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (90.000 habitantes, Madrid) de realizar “gastos sin cobertura contractual” y de hacer “incorporaciones de crédito por importe superior al permitido”. También se denunciaba la “omisión de fiscalización previa” en algunos actos económicos o la existencia de “deudores muy antiguos (entre 1996 y 2002)”. Y se exigía “controlar” el uso de contratos menores. Para cuando se conoció ese balance, correspondiente a una etapa previa a su llegada, María del Carmen Miralles llevaba dos años como interventora municipal (desde 2022). Su misión, describe la oposición, era poner orden en “una casa de locos”. Pero, opinan el PSOE y Más Madrid, lo hizo demasiado bien: el jueves, con 67 años, fue destituida con una comunicación de jubilación forzosa a la que accedió EL PAÍS, y que acredita las fuertes discrepancias que mantenía con el Gobierno del PP sobre la gestión de los fondos públicos.
