La lucha por el relato entre hoteles y agencias de viajes frente al Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros, que entró en vigor el pasado lunes, continúa y promete nuevos episodios. Si en los días previos a su puesta en marcha fueron los empresarios los que intensificaron sus denuncias, alertando de que el cambio les obligaría a facilitar hasta 42 datos diferentes y que si no lo hacían se expondrían a sanciones que van desde 601 hasta los 30.000 euros, en función de la gravedad de la falta, en las fechas posteriores a la entrada de la norma es Interior es el que trata de controlar la narrativa asegurando que, con los datos recabados en los cuatro primeros días de diciembre (uno con el anterior esquema legal y tres con el nuevo), tan solo se están pidiendo ocho datos de identificación del cliente (nombre, primer apellido, segundo apellido, DNI, número de soporte del documento, tipo de documento, teléfono fijo, móvil o correo electrónico y relación de parentesco si viaja un menor de edad) y cinco sobre la transacción económica (número de referencia del contrato, fecha del contrato, fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida e identificación del medio de pago)
