La incertidumbre es la tónica en el sector turístico estos días, tras la entrada en vigor del registro de viajeros. Además de obligarles a recabar un enorme volumen de datos personales, algunos de carácter sensible, existen dudas sobre la eficacia de este nuevo sistema en la lucha contra el crimen organizado. A partir de ahora, hay más establecimientos obligados a recopilar más datos de los huéspedes, como el DNI, la tarjeta bancaria, el sexo, el teléfono o el email y registrarlos en una aplicación accesible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, tendrán que conservar esta información durante tres años, incrementando el riesgo de filtraciones y para la privacidad de las personas. Y se suma otra dificultad adicional: aunque el Real Decreto 933/2021 sobre registro documental para las empresas de hospedaje y alquiler de vehículos entró en vigor el lunes 2 de diciembre, todavía está pendiente de aprobar la orden ministerial que debe aclarar algunos aspectos clave.
