El 5 de octubre de 2017 fue una jornada de mucho ajetreo para Josep Oliu. El Banco Sabadell oficializó aquel día el traslado de su sede a Alicante y el presidente de la entidad encadenó reuniones y llamadas telefónicas para atar cabos sueltos. Visitó a Carles Puigdemont en la Generalitat y le comunicó la mudanza del banco, en una conversación que pronto derivó hacia las complicaciones que se podían derivar del desafío independentista que se cocía en Cataluña. Un rato antes de su charla con el president, Oliu se había entrevistado con Oriol Junqueras, entonces vicepresidente y responsable de la consejería de Economía. Junqueras se contrarió por el anuncio y señaló a Oliu que abría un grifo que iba a propiciar una catarata de huidas. Se marcharon 3.700 empresas en nueve meses de agitación, según la Generalitat, y hasta 4.400, según los cálculos del Colegio de Registradores. Siete años después, solo un puñado de ellas han regresado. El viaje de vuelta que emprende el Banco Sabadell reactiva el debate sobre si a las compañías que se despidieron de Cataluña en 2017 para blindarse de los efectos del procés les conviene regresar a sus orígenes.
