El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible —en tramitación en el Congreso— contiene una peligrosa amenaza para los derechos de los ciudadanos y la cohesión del territorio: la desregulación del transporte en autobús. El artículo 50 de la norma hace saltar por los aires el modelo concesional que hasta ahora ha garantizado la prestación de este servicio público y unas condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector. Aunque distintos grupos parlamentarios han presentado enmiendas para suprimir este artículo, otros siguen comprando el relato de que, bajo la promesa de precios muy bajos, subiría el número de viajeros y la calidad del servicio. Pero esto no es así.
