La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alertó el 12 de diciembre del pasado año del riesgo de que la supuesta trama de hidrocarburos que encabeza el empresario Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, destruyese u ocultase pruebas, según consta en un informe enviado al juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional. En ese oficio, que se confeccionó después de que el comisionista del caso Koldo ya hubiese salido de prisión gracias al apoyo de la Fiscalía Anticorrupción tras confesar en el procedimiento que cerca al exministro José Luis Ábalos (PSOE), el instituto armado solicitaba que se aprobase la puesta en marcha de una operación para registrar las propiedades de otro de los principales colaboradores de Aldama, Luis Alberto Escolano, ante la sospecha de que este pudiese guardar “documentación sensible” del empresario. En concreto, los agentes se referían a un sobre de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que no se localizó durante dicho despliegue policial.
