El próximo 1 de abril entrarán en vigor los nuevos requisitos de la jubilación parcial para todos asalariados regulados por el Estatuto de los Trabajadores que se aprobaron el pasado 23 de diciembre. Algunas de estas reglas serán difíciles de cumplir en el sector público —de momento solo el personal laboral de las administraciones puede acceder a este tipo de retiro, pero no los funcionarios ni el personal estatutario— y, de hecho, ya hay algunas comunidades autónomas y ayuntamientos que han anunciado que paralizarán las solicitudes de sus empleados para jubilarse parcialmente. Así lo ha denunciado el sindicato de funcionarios CSIF, que ha exigido por carta al Gobierno que adapte esta modalidad de jubilación a las administraciones públicas.
