Arabia Saudí, un régimen autocrático que vulnera los derechos de las mujeres, criminaliza a la comunidad LGTBIQ+, aplica la pena de muerte y encarcela cualquier atisbo de oposición que demande más libertades, cuenta este año con al menos 910 acuerdos comerciales deportivos —patrocinios, compras u organización de torneos— en todo el planeta por valor de miles de millones de euros con los que intenta blanquear su imagen de dictadura reaccionaria, según una investigación de Play the Game a la que ha tenido acceso en exclusiva este diario. La organización danesa, fundada en 1997 y que desde entonces busca elevar los estándares éticos del deporte, ha realizado un estudio que pone por primera vez cifras a la vasta operación de sportswashing —el elocuente término inglés para referirse al lavado de imagen mediante la influencia del deporte— de Riad, una estrategia geopolítica con la que la monarquía absoluta de los Saud ha transformado el panorama deportivo mundial mientras trata de remodelar la imagen exterior del reino.
Un conflicto de interés en torno al espíritu olímpico
Otras dos figuras claves del sportswashing de Arabia Saudí son el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Saud, ministro de Deportes, y la princesa Reema bint Bandar Al Saud.
Él, expiloto de carreras, dirige el ministerio desde febrero de 2020, pero también ocupa una serie de puestos deportivos de alto rango: presidente del Comité Olímpico y Paralímpico Saudí, vicepresidente del Consejo Olímpico de Asia, presidente de la Unión de Comités Olímpicos Nacionales Árabes, presidente de la Unión de Federaciones Árabes de Fútbol, presidente de la Federación Islámica de Deportes de Solidaridad, además de ser también uno de los cuatro representantes de Asia en la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
La princesa, que fue designada embajadora de Arabia Saudí en EE UU en 2019 —la primera mujer en ocupar el puesto—, forma parte de la junta directiva del Comité Olímpico y Paralímpico Saudí, de la Federación Saudí de Deportes para Todos y de la Academia Deportiva Mahd. También es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), donde trabaja en la comisión para la igualdad de género, diversidad e inclusión y en la de sostenibilidad y legado. Reema bint Bandar Al Saud defiende de forma pública los derechos de las mujeres, una postura que contrasta con la situación de su país y las severas restricciones a las que ellas están sometidas.
Los puestos que ocupan tanto el príncipe como la princesa suponen un riesgo para la Carta Olímpica, cuya norma número 27 establece que los miembros de los Comités Olímpicos Nacionales deben resistir las presiones políticas externas y promover los principios fundamentales del movimiento olímpico. Sus posiciones como altos cargos del Gobierno saudí y a la vez de instituciones deportivas los colocan en una posición en la que se pueden dar conflictos de interés entre el Ejecutivo y el Comité Olímpico.
