La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que reúne a 50 centros de élite (la mayoría internacionales), ha llevado a los tribunales a la Comunidad de Madrid por el diseño de los tres concursos lanzados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para adjudicar gratuitamente tres parcelas públicas valoradas en 30 millones de euros en las que se van a construir centros privados concertados. El conflicto jurídico, que reflejó este viernes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en el caso del centro de Vicálvaro y que afectaría a otros dos, según los impulsores del litigio, vuelve a poner bajo los focos una de las decisiones más polémicas de la baronesa conservadora: recuperar, una década después, la política de ceder gratis terrenos públicos a compañías privadas para que los exploten un mínimo de 40 años y un máximo de 75, que había dejado de practicarse desde tiempos de Cristina Cifuentes (2015-2018).
